El ministro de Justicia, Andrés Idárraga, rechazó las críticas al decreto de emergencia económica y garantizó que las nuevas cargas tributarias no recaerán sobre las clases medias ni los sectores populares del país.
El funcionario respondió a juristas y sectores políticos que han pedido a la Corte Constitucional tumbar la norma por considerarla ilegal e inconstitucional. Idárraga defendió la decisión del Ejecutivo como una respuesta necesaria tras el hundimiento de las reformas fiscales en el Legislativo.
“Necesitamos que los mega ricos aporten después de multiplicar su riqueza. Las clases medias y populares no verán afectados sus bolsillos”, afirmó el jefe de la cartera de Justicia al explicar el alcance del decreto.
El ministro aclaró que estas medidas no pretenden financiar gasto corriente ni proyectos de inversión. El rechazo del Congreso a las propuestas de financiación forzó al Gobierno Nacional a aceptar condiciones más duras de endeudamiento y ofrecer garantías inmediatas a la banca nacional e internacional.
Entre los compromisos que justifican la emergencia está el pago de 2,7 billones de pesos para actualizar la UPC en salud, según orden de la Corte Constitucional. El Ejecutivo argumenta que la anualidad presupuestal impide incluir este gasto de inmediato en las cuentas de cierre de año.
Idárraga admitió que si la Corte declara inconstitucional el decreto, el Ministerio de Hacienda tendría que devolver lo recaudado por los nuevos tributos. Pero alertó sobre las consecuencias: mayor riesgo país, tasas de interés más altas en la deuda pública y deterioro de las finanzas estatales.
El Gobierno Nacional insiste en que la negativa reiterada del Congreso a aprobar fuentes de financiación amplió el déficit primario y puso en riesgo la sostenibilidad de la deuda. Ahora aguarda la decisión de la Corte Constitucional sobre la legalidad de las medidas adoptadas.
