El Gobierno Nacional implementó un conjunto integral de beneficios económicos para proteger a miles de hogares que perdieron sus viviendas o sufrieron daños graves por las inundaciones del “Frente Frío” en la región Caribe colombiana.
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, anunció que el Decreto 0214 de 2026 contempla cuatro medidas centrales: suspensión total del cobro mientras las casas permanezcan inhabitables, financiación hasta por tres años para deudas anteriores, eliminación de intereses sobre pagos diferidos y aplicación de tarifas especiales reducidas.
Los usuarios afectados no recibirán facturación alguna desde el 11 de febrero hasta que sus inmuebles recuperen condiciones de habitabilidad y las empresas restablezcan el suministro con garantías de seguridad. Simultáneamente, las obligaciones pendientes del ciclo previo al desastre podrán cancelarse en 12 meses como mínimo.
Cuando los damnificados requieran reemplazar equipos de medición, acometidas o conexiones dañadas por las aguas, el plazo se amplía automáticamente hasta 36 meses. Ninguna empresa prestadora podrá cobrar intereses sobre estos montos diferidos.
“Nadie debe preocuparse por pagar la energía cuando su prioridad es reconstruir su hogar y recuperar su vida”, expresó Palma al presentar el paquete de alivios.
Adicionalmente, un régimen tarifario especial permitirá que las comercializadoras asignen a los afectados la energía adquirida a menor costo en el mercado mayorista, generando reducciones en las facturas durante el proceso de recuperación.
El decreto prohíbe expresamente facturar por consumo promedio a usuarios de estratos 1, 2 y 3 en zonas de emergencia.
Más de 78.000 familias cordobesas califican para estos beneficios según el Registro Único de Damnificados. Las medidas cubren Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.
