Daniel Quintero acudirá a la CIDH tras proceso disciplinario de la Procuraduría

La entidad lo investiga por presuntas irregularidades en la actualización de su declaración de renta.
5 meses atrás
Foto: @QuinteroCalle

El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció que solicitará protección a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras la reciente formulación de cargos en su contra por parte de la Procuraduría General de la Nación.

La entidad lo investiga por presuntas irregularidades en la actualización de su declaración de renta en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) durante su mandato.

A través de su cuenta en la red social X, Quintero aseguró que el proceso en su contra tiene motivaciones políticas y que su publicación anual de la declaración de renta en redes sociales demuestra que no existen irregularidades.

“Pediré protección a la CIDH por los intentos de la Procuraduría de sacarme de la elección presidencial. Cada año publico mi declaración de renta en redes sociales, incluso ahora que no soy Alcalde. En ninguna encontrarán irregularidad alguna. No tengo fincas ni aviones ni yates”, afirmó.

La Procuraduría abrió el proceso disciplinario tras determinar que Quintero habría incumplido los plazos establecidos en la Ley 2013 de 2019 para reportar su información financiera en SIGEP.

Según el organismo, presentó extemporáneamente su declaración de renta de 2019 y la actualización de bienes y rentas del año 2020, situación que calificó como una falta grave a título de culpa grave.

El exalcalde también aseguró que cumplió con los requisitos exigidos al momento de asumir su cargo en 2020 y que en 2021 realizó la actualización correspondiente.

“En 2020 presenté en SIGEP mi declaración de renta para posicionarme y en 2021 la actualicé como es debido”, expresó en su pronunciamiento.

El proceso disciplinario contra Quintero se originó a partir de quejas presentadas por el abogado Abelardo De la Espriella y el ciudadano Santiago Suárez Morales.

La Procuraduría sostiene que la omisión en la actualización de su información financiera afectó la transparencia y el acceso a la información pública.