La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) rechazó el Decreto 1525 de 2026, firmado por el presidente Abelardo De La Espriella para regular la protesta social, y pidió su derogatoria. Su pronunciamiento llegó la mañana de este miércoles, mientras comienzan las movilizaciones que la central convocó en todo el país.
La organización sindical calificó la norma como una muestra del “corte fascista” del Gobierno y denunció que sus disposiciones “abren la puerta a prácticas autoritarias y represivas” contra el movimiento sindical, las organizaciones sociales y la clase trabajadora.
Sus cuestionamientos apuntan a dos puntos: las nuevas causales para disolver manifestaciones y la posibilidad de que la Policía intervenga sin agotar antes determinadas etapas de diálogo.
La CUT también sostuvo que los bloqueos y las interrupciones de vías “son expresiones propias de la protesta social y no constituyen, por sí mismos, actos de violencia”.
Según indicaron, su ejercicio está protegido por estándares internacionales de derechos humanos reconocidos por la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Ante la jornada de este miércoles, la central exigió plenas garantías democráticas y respeto a los derechos humanos. La movilización es la antesala de un paro nacional previsto para los primeros días de noviembre.
El decreto entró en vigor este 14 de octubre y modifica el Decreto 003 de 2021. Fija ocho causales para dar por terminado el diálogo, entre ellas impedir el paso de la misión médica, causar desabastecimiento y agredir a periodistas.
Además, permite actuar contra quienes cometan actos violentos sin suspender el diálogo con el resto de manifestantes. El borrador conocido establecía que el cierre de una vía no le quita por sí solo el carácter pacífico a una protesta, pero también creaba los corredores solidarios, con los que el Gobierno busca evitar los bloqueos permanentes.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, ha defendido la norma como “garantista y democrática”. En la víspera de las marchas afirmó que se acepta la protesta social, pero “no se toleran los bloqueos”, y señaló al suroccidente como zona de especial atención. El presidente instaló el martes en la Dirección Nacional de la Policía un Puesto de Mando Unificado para hacer seguimiento a la jornada.
