En Colombia se ha vuelto costumbre —y casi deporte— despotricar contra la prensa nacional. A diario aparecen voces que la descalifican, la tildan de “vendida”, “corporativa” o “enemiga del cambio”, y le atribuyen intenciones políticas ocultas. Según esta narrativa, los medios no informan: conspiran. No investigan: atacan. No contrastan: militan.
El libreto suele comenzar con una pregunta aparentemente inocente, pero cargada de sospecha: “¿Quiénes son los dueños de los grandes medios de comunicación corporativos en Colombia y por qué el odio de sus periodistas o activistas contra el Presidente Gustavo Petro y su Gobierno?” La respuesta, claro está, ya viene predeterminada. No hay dudas, solo acusaciones.
Este fenómeno no surge del análisis riguroso ni del ejercicio crítico bien informado. Proviene, en buena medida, de una creciente red de bodegueros digitales que todos los días corren la línea ética: calumnian, difaman, tergiversan titulares y convierten el debate público en un lodazal emocional. No buscan discutir ideas ni contrastar datos; buscan deslegitimar a quien incomoda su relato.
Lo paradójico es que muchos de estos ataques se hacen en nombre de la “verdad” y de la “objetividad”, mientras se renuncia deliberadamente a ambas. Se acusa a la gran prensa de no ser objetiva, pero se omite que el periodismo —el serio, el profesional— se rige por estándares: verificación de fuentes, contraste, responsabilidad editorial y derecho a réplica. Nada de eso existe en el activismo digital que insulta desde el anonimato.
Criticar a los medios es legítimo y necesario en una democracia. Nadie discute que la prensa colombiana, como toda institución humana, tiene sesgos, errores y deudas históricas. Pero una cosa es la crítica fundamentada y otra muy distinta es la descalificación sistemática, diseñada para erosionar la confianza ciudadana en cualquier información que no confirme una visión política específica.
La estrategia es clara: si el periodista investiga, “odia”; si pregunta, “ataca”; si publica datos incómodos, “obedece a sus dueños”. Así se construye un ambiente donde solo es válido el aplauso y toda pregunta se vuelve sospechosa. En ese escenario, el poder —cualquiera que sea— deja de rendir cuentas.
Defender la libertad de prensa no implica defender a todos los periodistas ni a todos los medios sin matices. Implica entender que sin una prensa libre, crítica y profesional, lo que queda no es el “pueblo informado”, sino el ruido, la propaganda y la posverdad. Y eso, históricamente, nunca ha terminado bien.
Hoy, más que nunca, Colombia necesita menos bodegas y más argumentos; menos insultos y más datos; menos teorías de odio y más debate democrático. Porque cuando se destruye la credibilidad de la prensa, no gana un gobierno ni una oposición: pierde la sociedad entera, incluso quienes hoy celebran ese linchamiento digital en nombre de una supuesta causa justa.
Y conviene no olvidarlo: mañana, cuando el viento político cambie, el silencio informativo que hoy se aplaude puede convertirse en la mordaza que nadie quiso ver venir.
