Un grupo de agentes especiales del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía comenzó labores de verificación en los computadores, teléfonos, discos duros, memorias y demás equipos electrónicos que fueron decomisados el 23 de julio de 2024 en un retén militar ubicado en Anorí (Antioquia).
Los dispositivos pertenecían a una caravana de integrantes del autodenominado Estado Mayor de bloques y frentes de las disidencias de las FARC, donde se movilizaba Alexander Díaz Mendoza, conocido como Calarcá.
La práctica de estas pruebas fue ordenada por el nuevo equipo especial de fiscales conformado para impulsar las investigaciones relacionadas con el escándalo de los archivos hallados en poder del cabecilla guerrillero. Las indagaciones se centran en presuntas infiltraciones de las disidencias al Ejército Nacional y a la Dirección Nacional de Inteligencia, así como en una posible financiación a la campaña presidencial.
El trabajo conjunto involucra a fiscales de la Unidad delegada ante la Corte Suprema de Justicia y la Unidad delegada contra el Crimen Organizado, dada la gravedad de la información contenida en los equipos decomisados hace un año y cuatro meses.
Las diligencias también abarcan posibles amenazas a la seguridad nacional, alianzas entre actores ilegales y la creación de empresas de vigilancia al servicio de estructuras criminales.
Mediante compulsa de copias remitida a la Unidad delegada ante la Corte Suprema, los investigadores examinan la conducta del general Juan Miguel Huertas Herrera, jefe del Comando de Personal del Ejército, cuyo nombre apareció en los archivos secretos vinculados a la estructura de Calarcá.
Igualmente se indaga al director de Inteligencia Estratégica de la DNI, Wilmar de Jesús Mejía. Ambos funcionarios figuran en comunicaciones internas de las disidencias como presuntos facilitadores de contactos, movilidad y proyectos para crear una empresa de seguridad con la cual esa estructura armada buscaba amparar armas, hombres y vehículos blindados.
