Una grave crisis humanitaria se desarrolla en la Sierra Nevada de Santa Marta tras el enfrentamiento entre los pueblos indígenas Kankuamo y Arhuaco por la disputa del predio Monte Sión, un territorio de profundo valor ancestral ubicado en el corregimiento de Sabana Crespo, municipio de Valledupar.
El conflicto, que escaló violentamente el pasado 28 de abril, tiene su origen en reclamos territoriales contrapuestos: mientras los Kankuamos sostienen haber adquirido legalmente el terreno en agosto de 2023 con recursos del Sistema General de Participaciones, los Arhuacos lo consideran parte de su territorio ancestral y sagrado.
La confrontación ocurrió cuando “cerca de quinientas personas arhuacas ingresaron al predio durante las primeras horas de la mañana, destruyendo viviendas y enseres” de familias kankuamas asentadas en el lugar. El resultado fue devastador: al menos 17 viviendas destruidas, otras incendiadas, y aproximadamente 20 personas heridas, incluidos menores de edad.
La gravedad de la situación obligó a la intervención de la Defensoría del Pueblo, que gestionó un corredor humanitario para evacuar a los heridos y personas vulnerables. Actualmente, 86 personas del pueblo Kankuamo, incluyendo 41 menores de edad, se encuentran albergadas en la Casa Indígena de Valledupar “en condiciones críticas, sin acceso a agua potable, baños ni elementos básicos de higiene o descanso”.
Ante la crisis, la Alcaldía de Valledupar “asumió un papel de mediación clave” y lideró la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU), articulando entidades locales y nacionales para coordinar la respuesta. Por su parte, la Procuraduría General de la Nación ha solicitado al Ministerio del Interior adoptar medidas urgentes para atender, contener y superar el conflicto.
Este enfrentamiento no es un hecho aislado, sino parte de una compleja historia de disputas territoriales en la Sierra Nevada, considerada por los cuatro pueblos indígenas que la habitan (Kogui, Arhuaco, Wiwa y Kankuamo) como “el corazón del mundo” y espacio espiritual vital para el equilibrio natural.
Como señalan los propios pueblos indígenas, desde el origen les “fue legada la responsabilidad de cuidar y conservar los elementos que fundamentan la vida”, pero han sido “víctima junto a nuestro territorio de un proceso histórico y sistemático de violencias”.
La Defensoría del Pueblo ha instado al Gobierno Nacional y organismos de socorro a garantizar atención integral en salud para los afectados, especialmente menores y mujeres gestantes, así como la mejora de las condiciones del albergue temporal, mientras se buscan soluciones duraderas a través del diálogo entre las comunidades.
