El máximo tribunal constitucional del país descartó convocar una sesión extraordinaria para evaluar el decreto de emergencia económica del Gobierno Nacional.
Los magistrados esperarán hasta el 13 de enero de 2026, cuando termine el receso judicial, para iniciar el estudio de constitucionalidad.
La decisión de la Corte implica que el Decreto 1390, firmado el 22 de diciembre de 2025, no recibirá análisis inmediato pese a la polémica que ha generado.
El tribunal justificó su postura en el respeto a las normas que rigen el funcionamiento de los despachos judiciales durante periodos de vacancia.
Los magistrados aseguraron que el control judicial se realizará garantizando el debido proceso, el derecho de audiencia y el acceso a la justicia. Además, recordaron que deben cumplir las disposiciones legales que regulan a los funcionarios judiciales, incluidas aquellas sobre recesos.
Los magistrados advirtieron que la vacancia judicial produce efectos que solo la ley puede restablecer una vez concluya el receso. Por ello, resulta imposible adelantar la revisión mientras persista la suspensión de actividades.
