La Corte Constitucional dejó sin efecto la emergencia económica que el Gobierno Nacional, encabezado por Gustavo Petro, decretó en diciembre de 2025. La decisión, adoptada tras varios meses de análisis, anuló el Decreto Legislativo 1390 y frenó las medidas extraordinarias que sustentaban nuevas disposiciones fiscales.
La Sala Plena tomó la determinación con una votación de seis magistrados a favor y dos en contra, respaldando la ponencia presentada por el magistrado Carlos Camargo Assis. El fallo concluyó que la norma no cumplía con los requisitos constitucionales y que el Ejecutivo utilizó facultades excepcionales para intervenir asuntos estructurales que corresponden a otras ramas del poder público.
El tribunal evaluó el alcance del decreto y determinó que las medidas adoptadas no respetaban criterios como necesidad y proporcionalidad. En ese sentido, la Corte consideró que el Gobierno Nacional excedió sus competencias al intentar resolver problemas de fondo mediante un estado de excepción.
Además de tumbar la norma principal, la Corte mantuvo suspendidos otros decretos expedidos al amparo de la emergencia. En su decisión, indicó que los Decretos Legislativos 1474 de 2025 y 044 de 2026 “continuarán sin producir efectos hasta tanto la Sala Plena de esta Corte profiera una decisión definitiva respecto de su constitucionalidad”.
El fallo también impacta de forma directa las medidas tributarias impulsadas durante la emergencia. Con la caída del decreto base, los nuevos impuestos y disposiciones económicas pierden sustento legal de manera inmediata.
