La Sala Plena de la Corte Constitucional seleccionó este martes al magistrado Carlos Camargo Assis para liderar el estudio de constitucionalidad del Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, mediante el cual el Gobierno del presidente Gustavo Petro declaró el estado de emergencia económica y social en el territorio nacional.
La decisión se tomó apenas se levantó la vacancia judicial, abriendo paso a la revisión detallada de una medida que ha generado debate político y jurídico en el país.
Como ponente, Camargo tendrá la responsabilidad de determinar si se cumplen los requisitos legales para la exequibilidad de la medida. No obstante, su primera tarea será evaluar la viabilidad de una suspensión provisional del decreto y de las normas legislativas derivadas, mientras el alto tribunal profiere un fallo de fondo sobre la materia.
El Ejecutivo declaró la emergencia económica argumentando “la situación grave e inminente que enfrenta la nación consistente en la incapacidad material y jurídica de garantizar el goce de algunos derechos fundamentales”, además de la “garantía de seguridad ciudadana por recientes alteraciones de orden público, y protección por agravamiento del riesgo por atentados a líderes sociales, defensores de derechos humanos y candidatos para las próximas elecciones”.
Igualmente, argumentó que “la no aprobación por parte del Congreso de la República de dos proyectos sucesivos de Ley de Financiamiento para las vigencias fiscales 2025 ($12 billones) y 2026 ($16,3 billones)” justificaban la declaratoria.
El Consejo Gremial Nacional radicó solicitud formal instando a suspender inmediatamente los efectos del decreto.
