La Corte Constitucional ha iniciado un incidente de desacato contra varios ministros y directivos del Gobierno Nacional debido a la crisis social y económica en el departamento de La Guajira.
La medida afecta a cuatro ministros, cinco funcionarios del Gobierno, la gobernadora de la región y varios alcaldes del departamento.
La decisión se basa en la vulneración generalizada de los derechos de la niñez wayúu, especialmente en los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia. La Sala de Seguimiento de la Corte Constitucional ha otorgado tres días a las autoridades para presentar pruebas.
Además, advierte que cualquier acción y resultados para cumplir con la orden deben basarse en indicadores de goce efectivo de derechos para esa población.
Entre los funcionarios afectados se encuentran la consejera presidencial para las Regiones, Sandra Liliana Ortíz Nova, y los ministros de Salud, Vivienda, Ambiente y Agricultura.
También incluye a la directora del Departamento para la Prosperidad Social, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el superintendente de Salud, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la gobernadora de La Guajira y varios alcaldes.
Cabe destacar que la Corte Constitucional ha declarado inexequibles los 11 decretos relacionados con la declaratoria de emergencia para La Guajira.
