La empresa hidroeléctrica Urrá se ha visto envuelta en una serie de controversias tras las recientes acusaciones sobre sus prácticas de gestión y su papel en el mercado energético colombiano.
La compañía, con sede en Montería, ha emitido una respuesta detallada para abordar los recortes de prensa donde se cuestionan sus prácticas administrativas.
Uno de los puntos centrales de la polémica gira en torno al otorgamiento de poder general al Secretario General de Urrá.
La empresa sostiene que esta práctica, vigente desde 1999, es estándar en entornos corporativos y no constituye una transferencia inusual de autoridad del Representante Legal.
Urrá también respondió a acusaciones sobre su influencia en los precios de la energía, particularmente en relación con la crisis que enfrenta Air-e, una empresa comercializadora de energía.
La hidroeléctrica enfatizó que su cuota de mercado representa solo el 1,95% de la demanda total del país, lo que hace improbable que influya significativamente en la formación de precios de la energía.
Urrá destacó la complejidad en la formación de precios, citando factores como las condiciones climáticas y la variabilidad hidrológica como determinantes clave.
Urrá reveló que había renegociado contratos con empresas como Air-e y Afinia, acordando una reducción del 10% en las tarifas previamente pactadas. Esta acción se tomó en cumplimiento de la Resolución 40225 del Ministerio de Minas y Energía, destinada a aliviar la carga tarifaria sobre los usuarios.
La empresa también aclaró la situación jurídica de su proyecto de energía solar en curso con el Consorcio Luxpower 2022 respecto a reclamaciones por desequilibrio económico en la construcción del Parque Solar Urrá.
El consorcio, citando impactos de la pandemia de COVID-19 y el conflicto Rusia-Ucrania, ha aumentado sus pretensiones de compensación a 60 mil millones de pesos colombianos, una cifra que Urrá considera exorbitante y carente de evidencia suficiente
