El Tribunal Administrativo de Córdoba ordenó al municipio de Montería y a la empresa Urbaser formular y financiar un plan de acción para recuperar el Caño el Purgatorio y otros cuerpos de agua afectados por el vertimiento de lixiviados en la zona.
La decisión, emitida el 12 de julio de 2024, establece un plazo de dos meses para presentar el plan, que será supervisado por la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS).
Según el Tribunal, esta orden judicial busca reparar el daño ambiental causado por el manejo inadecuado de residuos en el Relleno Sanitario Loma Grande y el antiguo botadero El Purgatorio. Según la sentencia, ambas entidades son responsables de la contaminación que ha afectado los recursos hídricos de la vereda Loma Grande y áreas circundantes.
El plan de recuperación deberá abordar la limpieza y restauración de los cuerpos de agua contaminados, con énfasis en el Caño el Purgatorio. La CVS, como autoridad ambiental regional, tendrá la responsabilidad de aprobar y supervisar la implementación del plan propuesto.
En caso de que el Municipio de Montería y Urbaser no lleguen a un acuerdo sobre el plan de acción, la sentencia establece que la CVS formulará el plan, y los costos serán divididos en partes iguales entre las dos entidades responsables.
La decisión del Tribunal se basa en evidencias de contaminación presentadas durante el proceso judicial, incluyendo informes técnicos de la CVS y la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios. Estos documentos señalaron la presencia de lixiviados en cuerpos de agua y predios aledaños al relleno sanitario y al antiguo botadero.
Esta orden de recuperación ambiental forma parte de una serie de medidas dictadas por el Tribunal, que incluyen el cierre definitivo del Relleno Sanitario Loma Grande y acciones para mitigar el impacto ambiental del antiguo botadero El Purgatorio.
Para asegurar el cumplimiento de estas órdenes, el Tribunal ha ordenado la conformación de un comité de verificación que incluye a representantes de la parte actora, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la CVS, la ANLA, el Municipio de Montería y Urbaser.
