Con el fallo proferido por el Juez Especializado son devueltas cerca alrededor de 100 hectáreas pertenecientes a las haciendas Jaragüay y Campo Alegre en el municipio de Valencia, lugar en el que ejercieron total dominio las AUC y donde en la actualidad, gracias a la restitución de tierras, han vuelto cerca de 100 familias.
En el pronunciamiento que devuelve los derechos de propiedad sobre 10 parcelas, se evidencian las marañas jurídicas en las que incurrieron los temidos paramilitares para legitimar centenares de despojos a campesinos vulnerables, con la creación de empresas fachadas, ya que varios de los predios están a nombre de la empresa Seguridad al Día S.A., una sociedad unipersonal que respondía a la voluntad de postulado a Justicia y Paz, Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, tal como lo expresó el mismo en una audiencia ante la Fiscalía General de la Nación: “Esta es una empresa que se montó para hacer esta negociación y de pronto para otros posibles negocios que se presentaran. Había un muchacho ahí en Medellín, era el que representaba porque era una empresa unipersonal. Este muchacho, esta persona, es ajena al accionado o a cualquiera de los negocios o decisiones que yo tomara. Solamente se creó esta empresa para colocar estas tierras u otras tierras que se presentaran hacia futuro y para tener una legalización, pagar impuesto, catastro o registro […].”
Otras parcelas registran como propiedad de Inversiones la Milagrosa, una sociedad comercial donde figuran los campesinos despojados como accionistas, los cuales supuestamente donaron el predio para conformar el capital de dicha empresa. En las escrituras públicas de los predios figura la firma de los solicitantes efectuando las transferencias en diferentes notarias del departamento. Sin embargo, estas personas afirman no haberse desplazado nunca hasta esos lugares para efectuar dicho trámite; de hecho, algunos aseguran que muchos de los firmantes ya habían fallecido para la fecha de las transferencias.
Los cerca de 50 campesinos beneficiados con el fallo recibieron los predios a través de la Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcor), la ong creada por los Castaño para adelantar esfuerzos encaminados a reparar a la población víctima de su proceder delictivo. Sin embargo, años más tarde, por orden de Sor Teresa Gómez Álvarez, capturada en 2013 por el homicidio de la lideresa Yolanda Izquierdo, y los exjefes paramilitares Jesús Ignacio Roldán, alias ‘Mono Leche’, y alias ‘Don Berna’, fueron coaccionados a vender por un precio irrisorio.
“Nos dejaron prácticamente sin nada porque mi papá, después de quitarle las tierras, se sentía como sin fuerzas. Desde ahí él empezó a enfermarse, además dice que quien lo despojó de sus tierras fue Sor Teresa y Mono Leche. Uno no podía hacer nada. Todos vivíamos bajo amenaza. Debíamos obedecer lo que ellos dijeran”, expresó una de las beneficiarias del fallo.
La sentencia, además de restituir a los campesinos, contempla una serie de medidas tendientes a reparar de manera integral los derechos que les fueron vulnerados, proceso en el cual participan entes territoriales, la Unidad para la Atención Integral a Víctimas,icbf, Sena, entre otras instituciones.
