Un nuevo episodio de tensión se desarrolla entre la empresa minera Cerro Matoso y la comunidad indígena de Pueblo Flecha, con versiones encontradas sobre los recientes acontecimientos.
La comunidad indígena denuncia que durante una protesta contra la tala de un bosque nativo, efectivos policiales del Distrito N°5 detuvieron a dos de sus líderes, incluyendo a la gobernadora Sandra Corrales. Los manifestantes argumentan que este bosque actúa como barrera natural contra la contaminación generada por la explotación de níquel y alberga especies en riesgo como monos cotudos, titís, venados y diversas aves.
Por su parte, Cerro Matoso emitió un comunicado denunciando que el 27 de enero dos de sus trabajadores fueron retenidos contra su voluntad por miembros de la comunidad durante reuniones rutinarias. La empresa también reporta que manifestantes ingresaron sin autorización a zonas de operación minera, forzando la suspensión de actividades.
El conflicto se profundiza con acusaciones previas de la comunidad sobre daños irreparables a fuentes hídricas como Caño Zahino, que han generado problemas de acceso al agua potable. Mientras la empresa asegura implementar medidas de reparación, los habitantes sostienen que el daño es irreversible.
Cerro Matoso afirma respetar los derechos indígenas y su derecho a la protesta, pero rechaza acciones coercitivas, solicitando la intervención de autoridades para garantizar la continuidad de sus operaciones.