San Carlos. El Consejo Nacional Electoral suspendió por 15 días el proceso de revocatoria de mandato de la alcaldesa de San Carlos, Leda López Gómez, mientras se resuelve la presunta financiación irregular del comité promotor de la revocatoria.
Según el Consejo Nacional Electoral, el comité Salvemos a San Carlos habría violado lo que establece la norma en cuanto a los aportes para financiar la recolección de las firmas que en su momento fueron avaladas.
Según trascendió, una de las personas aportantes al comité de revocatoria sería docente, es decir, funcionaria pública, lo cual está taxativamente prohibido en el artículo 27 de la ley 1475 de 2011.
En ese sentido, el abogado Teodoro Ibáñez Prada, vocero y líder del proceso de revocatoria, sostuvo que la persona aportante no ejerce actividades como funcionaria pública en el municipio de San Carlos, sino en otro ente territorial, situación que, a su juicio, no vicia el proceso.
Dijo que está preparando un recurso para presentarlo ante el CNE en búsqueda de subsanar la falla.
Reconoció que el Consejo Nacional Electoral abrió un pliego de cargos contra el comité promotor, hecho que calificó como una dilación del proceso de revocatoria.
Al respecto, este medio contactó a una fuente experta en la materia y señaló que “la norma es general abstracta, e impersonal, ese argumento de que la funcionaria pública no ejerce en el municipio de donde se solicita la revocatoria, no tiene sustento jurídico”.
“La ley dice que ningún funcionario público puede ser aportante en procesos de revocatoria, en este caso los profesores son funcionarios públicos no se les permite incluso hacer proselitismo político abierto, les están prohibidas estas actividades, entre ellas financiar campañas de revocatoria”, dijo el experto.
Como se recordará, el pasado 5 de abril una tutela ordenó destrabar el proceso de revocatoria que solo estaba pendiente del certificado de los estados financieros del comité.
Dicho documento debía ser emitido por el Fondo de Financiación Política a la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad encargada de expedir un certificado de garantías constitucionales y legales de dicho proceso. Sin este último requisito, la revocatoria contra la alcaldesa de San Carlos, no prosperará.