Las autoridades de Montería han expresado su creciente preocupación por la problemática del consumo y venta de drogas en las inmediaciones de importantes instituciones educativas de la ciudad. Zonas como los alrededores de la Universidad del Sinú y la Normal Superior de Montería han sido señaladas como puntos críticos donde persiste esta situación.
En declaraciones recientes, el alcalde Hugo Kerguelén García reconoció la gravedad del asunto y anunció planes para abordar esta problemática de manera integral.
“En esa zona lo que tenemos visionado es una solución más allá, un nuevo proyecto de infraestructura donde finalmente vamos a hacer más Ronda, un espacio donde se pueda aprovechar el espacio público desde la iglesia Juan XXIII hasta el frente de la Universidad del Sinú, todos sabemos que allí se encuentran ollas de microtráfico y que tenemos que trabajar para solventar esta situación”, dijo el alcalde.
La propuesta contempla la recuperación de los espacios públicos mediante la construcción de una ruta y áreas comerciales. Esto permitiría reubicar a los habitantes de estas zonas, brindándoles compensaciones económicas para que puedan trasladarse a otros sectores.
“Vamos a construir una ronda enfocada no tanto al deporte, sino más comercial para que las personas que hoy están vendiendo almuerzos y comida puedan regresar en un mejor estado, pero sabemos que este proyecto de forma tangencial impactará de alguna manera el tema del microtráfico en este sector”, agregó.
Pero las medidas no se limitan a estos dos puntos, Kerguelén García destacó la importancia de trabajar en conjunto con la Policía Metropolitana para implementar operativos y controles que permitan identificar los puntos de expendio y consumo de sustancias psicoactivas en estos entornos educativos de la ciudad.
“Estamos trabajando realmente con la Policía Metropolitana en operativos de control para tratar de controlar todas las situaciones que se han presentado en la ciudad, muy identificados ciertos puntos”, aseguró el alcalde.
En Montería está vigente un decreto que prohíbe el consumo de sustancias psicoactivas en el espacio público y en un radio de 200 metros alrededor de las instituciones educativas. Esta norma ha permitido imponer comparendos y emprender acciones posteriores en contra de los infractores.
