Recursos de Vivienda de Interés Social Rural siguen en la lupa de la Contraloría

Fueron varias las deficiencias detectadas por el ente de control, entre ellas incumplimientos de los contratistas ejecutores de las obras y las interventorías.


Córdoba. Una auditoría llevada a cabo por la Contraloría General de la República (CGR) emitió un concepto adverso sobre la gestión de recursos de Vivienda de Interés Social Rural (VISR) que llevaron a cabo el Ministerio de Agricultura, el Banco Agrario y Fiduagraria en varias regiones del país.

Uno de esos hallazgos fiscales es el contrato de obra 210 de 2018, a cargo del Consorcio VR-2018, que estableció la construcción de 86 unidades de vivienda, las cuales debían erigirse en los municipios de Lorica, Momil, San Antero, San Bernardo del Viento y San Pelayo.

Dicho contrato fue tasado en su momento en 870 millones pesos y según la Contraloría, este presenta incumplimiento contractual.

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Además, en las pesquisas pudieron establecer 15 hallazgos administrativos, de los cuales 9 tienen presunta connotación disciplinaria y 4 posible incidencia fiscal por 3.305 millones de pesos.

La Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario ha realizado así dos procesos auditores al Banco Agrario en los que revisó su gestión entorno a las viviendas de interés social rural y los hallazgos detectados en estos ejercicios suman 8.597 millones de pesos.

Sobre los hallazgos de la auditoría de 2021 los mismos se dan porque proyectos que se están adelantando en departamentos como Putumayo, Antioquia, Cundinamarca, La Guajira, Bolívar, Magdalena y Meta, entre otros, no han sido ejecutados, las interventorías que debieron estar pendiente de la ejecución fallaron en su control y en muchos de estos casos las pólizas están vencidas.

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