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Ratifican suspensión e inhabilidad contra ex alcalde de Lorica; “Pachi” Jattin

La Procuraduría estableció que Jattin Corrales procedió de manera dolosa por cuanto revocó un acto administrativo particular sin ningún soporte jurídico.


Desde la Procuraduría Regional de Córdoba se confirmó la suspensión e inhabilidad impuesta al ex alcalde de Lorica, Francisco “Pachi” Jattin, debido a irregularidades presentadas en el cumplimiento de un fallo del Consejo de Estado.

Actualmente, Jattin se encuentra en detención domiciliaria por el caso de los “estudiantes fantasmas”, debido a que desde la administración apropiaron de recursos públicos, supuestamente destinados a 1.500 estudiantes inexistentes.

Según la investigación, el 9 de diciembre de 2011 el municipio fue condenado por el alto tribunal a pagar un poco más de 586 millones de pesos a un particular, por incumplimiento en un contrato de compraventa, pese a esto al ordenar el desembolso, el entonces alcalde modificó la resolución que autorizaba el pago y descontó de forma unilateral 60 millones de pesos, dinero que correspondía, según el disciplinado, a una supuesta conciliación entre  la abogada que actuó en el proceso ante el Consejo de Estado y el demandante.

Durante la investigación, la Procuraduría estableció que Jattin Corrales procedió de manera dolosa por cuanto revocó un acto administrativo particular sin ningún soporte jurídico que lo sustentara, extralimitándose en sus funciones.

“Por esos hechos, la Procuraduría calificó la conducta cometida por  el entonces funcionario como una falta disciplinaria grave a título de dolo y confirmó la suspensión del cargo e inhabilidad especial por el término de seis meses, sanción modificada por su equivalente en salarios mínimos legales vigentes de acuerdo con el salario que devengaba para la fecha en que ocurrieron los hechos”.

También tenía conocimiento de que no se llevó a cabo ninguna conciliación entre el demandante y la abogada que reclamaba un supuesto pago de honorarios.

Francisco Jattin Corrales es hermano de la exsenadora Zulema Jattin Corrales, quien paga también detención domiciliaria en Bogotá, investigada por presuntos vínculos con grupos paramilitares.

 

 



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