La Procuraduría General de la Nación presentó un recurso para impugnar la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de rechazar una tutela que buscaba tumbar la admisión del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso a esa jurisdicción. En su impugnación, el Ministerio Público recusó a los siete magistrados que han conocido el trámite del proceso del excomandante de las AUC al interior de la JEP.
En el documento, la Procuraduría argumenta que los magistrados recusados no serían imparciales, ya que se han pronunciado previamente sobre el caso.
Además, señala que mientras se resuelve el conflicto de competencias entre la JEP y Justicia y Paz, decisión que está en manos de la Corte Constitucional, se causa un grave perjuicio a las víctimas acreditadas, pues hay varios procesos suspendidos debido a la decisión de la JEP de asumir competencia exclusiva sobre los procesos contra Mancuso.
Uno de los argumentos principales del órgano de control es que la JEP no le impondrá a Mancuso la obligación de indemnizar económicamente a las víctimas, ya que el sistema de indemnización de Justicia y Paz deja a salvo esa obligación en cabeza del victimario.
Adicionalmente, la Procuraduría señala que la decisión de la JEP de asumir competencia exclusiva aplica solo para un proceso y no para la totalidad de las investigaciones contra el exjefe paramilitar.
Los magistrados recusados son Patricia Linares, Rodolfo Arango, Eduardo Cifuentes, Sandra Gamboa, Danilo Rojas, Jesús Ángel Bobadilla y Adolfo Murillo. La Procuraduría reiteró su petición de revocar la admisión de Mancuso a la JEP, considerando que él no tiene cabida en esa jurisdicción.
La decisión de la JEP de aceptar de manera excepcional a Mancuso como sujeto incorporado a la Fuerza Pública fue anunciada en una audiencia mixta en noviembre de 2023, en la que el exjefe paramilitar asistió virtualmente. Esta determinación ha generado controversia y acciones legales por parte de la Procuraduría.
