Montería. Finalizados los comicios electorales por la primera vuelta para la Presidencia de la República y, ante la necesidad de una segunda, Función Pública informó que las restricciones contractuales que establece la Ley de Garantías, se extienden hasta que finalice este proceso, es decir, el próximo 19 de junio de 2022.
“Las restricciones que seguirán vigentes incluyen la prohibición de hacer contrataciones directas, salvo las excepciones relacionadas con urgencias manifiestas. Igualmente, no se puede aumentar la nómina ni renovar o celebrar nuevos contratos de prestación de servicios, hasta que la normativa lo permita”, indicaron desde Función Pública.
La Ley de Garantías prohíbe a los gobernadores, alcaldes, secretarios, gerentes y directores de Entidades Estatales del orden municipal, departamental y distrital celebrar convenios interadministrativos para ejecutar recursos públicos durante los cuatro meses anteriores a cualquier elección.
Dicha Ley consagra una serie de prohibiciones y restricciones durante la campaña presidencial, como por ejemplo: no se podrán aumentar los recursos destinados a la publicidad del Estado, ni esta se podrá usar como propaganda política.
De acuerdo con Presidencia y Función Pública, la restricción implica que no se podrán crear nuevos cargos ni proveer las vacantes definitivas, salvo casos excepcionales.
En cuanto a contratistas, el veto incluye toda contratación directa, es decir, contratos de prestación de servicio profesionales, y de apoyo a la gestión, arrendamiento de inmuebles y contratos con proveedor exclusivo.