Policía, investigará denuncias de trashumancia en Córdoba

       Montería. Una comisión especial de la Seccional de Investigación Criminal de la Policía de Córdoba, atenderá las denuncias que se presenten en el departamento, por este delito electoral, confirmó el comandante de la Policía, coronel Carlos Vargas Rodríguez. Hasta el momento, en Córdoba hay alerta por la posible ocurrencia de esta irregularidad en algunos municipios de la zona costanera entre ellos Puerto Escondido, San Bernardo del Viento, Canalete y San Andrés de Sotavento. «Esos casos están siendo tratados por un...

Una comisión especial de la Seccional de Investigación Criminal de la Policía de Córdoba, atenderá las denuncias que se presenten en Córdoba.

Montería. Una comisión especial de la Seccional de Investigación Criminal de la Policía de Córdoba, atenderá las denuncias que se presenten en el departamento, por este delito electoral, confirmó el comandante de la Policía, coronel Carlos Vargas Rodríguez.

Hasta el momento, en Córdoba hay alerta por la posible ocurrencia de esta irregularidad en algunos municipios de la zona costanera entre ellos Puerto Escondido, San Bernardo del Viento, Canalete y San Andrés de Sotavento.

«Esos casos están siendo tratados por un grupo especial de la Sijin y se están acopiando para ser tratados en los comités de seguimiento electoral», manifestó el oficial de la Policía.

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El oficial aseguró que en el departamento no existen zonas vedadas para que los aspirantes a cargos públicos de elección popular, puedan hacer campaña.

De igual forma, reveló que se están coordinando con los candidatos, todo lo referente a los dispositivos de seguridad, y acompañamiento policial cuando ellos lo requieran.

Según la Registraduría, la trashumancia, trasteo de votos o fraude en inscripción de cédulas, está tipificado en el Código Penal en su artículo 389 como un delito.

“El que por cualquier medio indebido logre que personas habilitadas para votar inscriban documento o cédula de ciudadana en una localidad, municipio o distrito diferente a aquel donde hayan nacido o residan, con el propósito de obtener ventaja en elección popular, plebiscito, referendo, consulta popular o revocatoria del mandato, incurrir en prisión de 3 a 6 años”, señala la normatividad.

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La pena es aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta sea realizada por un servidor público.