Desde el Congreso de Colombia, se ha hecho un llamado a brindar una mayor educación sobre hábitos de alimentación en el país. Esta solicitud se produce en el contexto de la entrada en vigor del impuesto saludable, una medida tributaria que grava ciertos alimentos y bebidas considerados no saludables.
El objetivo de este impuesto es reducir el consumo de alimentos y bebidas que representan un importante factor de riesgo para enfermedades crónicas no transmisibles, como la obesidad, la diabetes y enfermedades cardiovasculares.
La industria de alimentos y bebidas ha expresado su desacuerdo con esta medida, argumentando que aumentará los precios de los productos y afectará el poder adquisitivo de los consumidores. En respuesta a estas preocupaciones, se ha instado a enfocarse en educar a los ciudadanos para que tomen decisiones informadas sobre su alimentación en lugar de satanizar los alimentos.
El impuesto saludable se aplica de manera progresiva, con un 10% en lo que queda de 2023, un 15% en 2024 y un 20% en 2025. Los críticos alegan que este impuesto impactará desproporcionadamente a los ciudadanos de menores recursos y aumentará el costo de vida.
La representante Saray Robayo Bechara enfatizó la necesidad de establecer programas adecuados para que los ciudadanos adquieran un mayor conocimiento sobre los alimentos y sus efectos en la salud, en lugar de imponer impuestos sin educación adecuada sobre hábitos de alimentación.
Esta controversia plantea un desafío para encontrar un equilibrio entre la promoción de la salud pública y el impacto económico en los consumidores y la industria alimentaria.
