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Pese a cese al fuego, denuncian coerción de las Farc a comunidades en varias regiones del país

Montería. La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación ante las denuncias que ha recopilado el Sistema de Alertas Tempranas de la Institución en 11 departamentos del país respecto a situaciones de control poblacional mediante actividades de constreñimiento, presión e intimidación por parte de las Farc....


Montería. La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación ante las denuncias que ha recopilado el Sistema de Alertas Tempranas de la Institución en 11 departamentos del país respecto a situaciones de control poblacional mediante actividades de constreñimiento, presión e intimidación por parte de las Farc.

En este sentido, la Defensoría llamó la atención sobre las amenazas que a finales de enero recibieron los comerciantes del corregimiento San José, en jurisdicción de Puerto Libertador donde todos los negocios cerraron sus puertas en medio de la angustia, pues mientras presuntos miembros del frente 18 de las Farc los obligaban a suspender sus actividades, integrantes de las llamadas Autodefensas Gaitanistas les exigían reabrir, so pena de atentar contra su vida y la de sus familiares.

Las denuncias recopiladas por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, indican que las presiones de las Farc hacia distintos sectores de la población civil, se han extendido a otras regiones como Cauca, Caquetá, Huila, Nariño, Meta, Guaviare, Arauca, Antioquia y Chocó a través de actividades como las amenazas y la extorsión.

Minas tendrían sitiados a campesinos

También alertaron sobre las restricciones de movilidad que padecen 624 familias en 17 veredas de San Miguel, en el Putumayo, donde los habitantes se abstienen de transitar por los caminos secundarios y el área rural, debido al temor por la posible presencia de campos minados, situación que sería revisada por el Ministerio del Interior en los próximos días.

La información sobre la presunta instalación de estos artefactos comenzó a circular el pasado 6 de diciembre, cuando se dio a conocer un panfleto atribuido a presuntos miembros de las Farc, en el que se advertía a la población sobre el riesgo de transitar por atajos, montañas, caminos alternos e incluso las orillas de los ríos, así como la suspensión de actividades como la caza y la pesca.

Según la Defensoría Regional en Putumayo, entre el 26 de enero y el 2 de febrero de este año se presentaron tres accidentes por minas antipersonal en Puerto Asís, Valle de Guamuez y San Miguel, ocasionando la muerte de un militar, heridas a otro uniformado y a un trabajador de la industria petrolera, así como el desplazamiento de una familia con tres menores de edad.



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