Montería: antes del 20 de septiembre indígenas retornarían al Alto Sinú

Esta fecha fue establecida de manera tentativa en las mesas de diálogos entre las autoridades, entidades y los emberá katío.


Redacción. Las familias indígenas que desde mediados de abril se instalaron en el parque central de Montería retornarían al Alto Sinú cordobés, donde están sus resguardos, antes del próximo 20 de septiembre.

Esta fecha fue establecida de manera tentativa en las mesas de diálogos entre las autoridades, entidades y los emberá katío.

De acuerdo con lo dicho a LARAZÓN.CO por el secretario de Gobierno de Montería, Gabriel Moreno, el retorno se dará con garantías. Es de recordar, que estas comunidades se desplazaron a la capital de Córdoba denunciando el recrudecimiento de la violencia en sus territorios.

“Estamos hablando primeramente de lo que es el protocolo que se establece entre las autoridades indígenas y las autoridades militares para que haya una comunicación efectiva en el tema de las operaciones militares y la incidencia de ellos en el territorio y la verificación y el acompañamiento por parte de los entes de control para que ellos tengan la tranquilidad de que no habrá vulneración de los derechos”, dijo Moreno.

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El funcionario declaró que el municipio de Montería está dispuesto a apoyar con el transporte de estas familias hasta sus resguardos.

“Contamos con los recursos para eso y ahora viene un segundo proceso que es algunas peticiones que elaboraron ellos hacia la gobernación y al municipio de Tierralta y dependiendo de esas respuestas en los próximos días habría un regreso al territorio”, agregó.

Las familias han reiterado en distintas ocasiones que retornarán al Alto Sinú con las garantías de alimentación, de hábitat y de cultivo, entre otras.

La mesa mixta se ha venido desarrollando en diferentes fechas con el acompañamiento del Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo y las demás entidades.

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En las últimas horas la Defensoría del Pueblo solicitó a la Unidad de Víctimas revisar los criterios para incluir en el registro de víctimas a las comunidades indígenas y campesinas desplazadas.



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