Montería. Según los datos revelados durante las audiencias del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), más de 22.656 personas fueron desplazadas de sus tierras a punta de fusil.
Estos datos reflejan un incremento desproporcionado en el fenómeno de desplazamientos masivos a partir de 1993, siendo la década del 2000 una de las más sombrías en este aspecto.
Solo en el año 2000, se registraron desplazamientos forzados de más de 2.353 personas, y aún después de la desmovilización paramilitar en 2007, estos hechos victimizantes continuaron, con más de 1.407 casos de desplazamientos.
Los municipios más afectados por este flagelo del conflicto armado se encuentran en el sur de Córdoba, siendo Tierralta el que concentra la mayor cantidad de víctimas de estos desplazamientos masivos. Las comunidades de esta región han sufrido el despojo de sus tierras y han sido obligadas a abandonar sus hogares bajo amenazas y la violencia de los grupos paramilitares.
El desplazamiento forzado no solo implicó la pérdida material de las propiedades de las personas afectadas, sino también el desarraigo, la violación de derechos humanos fundamentales y la ruptura de las dinámicas comunitarias. Las secuelas de este fenómeno perduran en la memoria de las víctimas y en el tejido social de la región.
La comparecencia de Mancuso ante la JEP representa una oportunidad para esclarecer la responsabilidad de los actores involucrados en estos desplazamientos y avanzar hacia la verdad, la reparación y la reconciliación en Córdoba.
