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Luego de auditoría, se recuperan recursos que no fueron ejecutados en San Antero

La Contraloría General de Córdoba, logró la recuperación de recursos que no fueron ejecutados, en el convenio N° 06-2016, suscrito entre la Alcaldía de San Antero y la Fundación Integral Nueva Vida FUNAVID,el cual fue sometido a auditoría exprés por esta entidad, por lo cual...


La Contraloría General de Córdoba, logró la recuperación de recursos que no fueron ejecutados, en el convenio N° 06-2016, suscrito entre la Alcaldía de San Antero y la Fundación Integral Nueva Vida FUNAVID,el cual fue sometido a auditoría exprés por esta entidad, por lo cual se detectaron deficiencias en la planeación, ejecución y supervisión de dicho contrato, esto luego de la denuncia hecha el pasado mes de febrero en la revista Semana.

Emilio Otero Dajud, Contralor de Córdoba
Emilio Otero Dajud, Contralor de Córdoba

El contralor Emilio Otero Dajud afirmó que la auditoría exprés se hizo en tiempo record y en esta se pudo establecer que había un posible detrimento fiscal. “No se cumplió con unas capacitaciones y a la fundación le tocó devolver al municipio una cuantía de $2.400.000, lo cual se logró gracias a la auditoría que realizamos”, expresó. El valor devuelto corresponda a 30 días de amplificación que no se utilizaron, según se puedo establecer en los informes de ejecución.

El  objeto del convenio auditado era aunar esfuerzos para ejecutar el proyecto Recreando ando por San Antero, en aras de rescatar los juegos tradicionales de niños y adolescentes del municipio por una vigencia de dos meses, por valor de sesenta y cinco millones quinientos ochenta y dos mil pesos ($65.582.000), de los cuales  cincuenta y nueve millones novecientos veinte mil pesos ($59.620.000) fueron cofinanciados por el Municipio de San Antero, y el valor restante, cinco millones novecientos sesenta y dos mil pesos ($5.962.000), aportado por FUNAVID.

“Se configuraron cuatro hallazgos administrativos, dos de ellos se tipifican disciplinariamente, es decir, que van a Procuraduría, los otros son administrativos”, explicó el contralor.

Señaló también que “el contrato se adjudicó a una empresa sin personería jurídica expedida por la Cámara de Comercio y eso puede tener consecuencias penales, pero será la Procuraduría, en el proceso que ella haga disciplinariamente, la que decida”.

El titular del ente de control aseguró que la interventoría le faltó mayor rigurosidad, en las exigencias que mandaba el mismo contrato, hecho que se configura como una falta disciplinaria.



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