El Congreso de la República aprobó en séptimo debate una reforma de alcance constitucional que aumentará significativamente los recursos destinados a los entes territoriales, elevando el Sistema General de Participaciones (SGP) del actual 26% hasta alcanzar un 39.5% en los próximos años.
De ser aprobada, la iniciativa, que modifica los artículos 356 y 357 de la Constitución Política, entrará en vigor a partir de 2027 y busca fortalecer la autonomía financiera de municipios, departamentos, distritos y territorios indígenas en la toma de decisiones sobre sus inversiones locales.
La reforma permitirá que los entes territoriales dispongan de mayor capacidad presupuestal para invertir en sectores prioritarios como salud, educación, saneamiento básico y agua potable, sin depender exclusivamente de las decisiones centralizadas desde Bogotá.
“Los municipios van a tener más autonomía, como lo establece nuestra Constitución Política de 1991. Podrán decidir realmente en qué quieren invertir y cuáles son las obras que necesita la comunidad”, explicó la Representante a la Cámara por Córdoba, Ana Paola García Soto.
El proyecto de Acto Legislativo representa un paso significativo hacia la descentralización administrativa y fiscal del país, otorgando a las autoridades locales mayor control sobre sus recursos y reduciendo la dependencia del gobierno central.
“Con esta iniciativa legislativa, los alcaldes dejarán de ser mendigos en la capital, en Bogotá, y podrán tener facultad sobre sus recursos”, explicó la Representante Ana Paola García Soto, destacando que el Sistema General de Participaciones (SGP) aumentará del actual 26% hasta alcanzar un 39.5%.
La reforma contempla un incremento gradual de los recursos, buscando garantizar una transición ordenada en el sistema de distribución presupuestal. Los nuevos fondos permitirán a los mandatarios locales implementar proyectos de desarrollo según las necesidades específicas de sus territorios.
Esta modificación constitucional busca hacer más eficiente la inversión pública en las regiones, acercando la toma de decisiones a las comunidades y sus representantes locales, quienes conocen de primera mano las necesidades prioritarias de sus territorios.
La iniciativa continuará su trámite legislativo, requiriendo un debate adicional para su aprobación definitiva antes de convertirse en reforma constitucional.
