Lo que exigen los indígenas en la toma pacífica a la sede de Urrá

Continuidad de las indemnizaciones más allá del tiempo establecido por la Corte y otras prerrogativas, entre las demandas.


Montería. En 1998 la Corte Constitucional a través de una sentencia ordenó a la central hidroeléctrica Urrá pagar un subsidio mensual por 20 años a cada uno de los integrantes de la etnia Emberá Katio que se vieron afectados por la construcción del embalse en la zona del Alto Sinú.

Dicho subsidio debería ser cancelado incluso a los hijos de estas familias que nacieran durante dicho tiempo.

Según expertos, este tipo de incentivos económicos conllevó a un aumento en la natalidad entre las comunidades indígenas con ocasión del estímulo del pago de la indemnización, lo que a la postre traería una problemática social.

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Estudios realizados por Urrá de acuerdo a cifras del DANE, revelan que en aproximadamente 10 años la población beneficiaria de dicho subsidio se duplicó y las comunidades Emberá Katios alcanzaron índices de natalidad superiores al 6.8%.

Cuando se cumplen los 20 años del pago de las indemnizaciones contempladas por la Corte Constitucional, las comunidades indígenas están exigiendo a Urrá que dicha indemnización sea prácticamente vitalicia o durante el tiempo en que opere la central hidroeléctrica.

El principal argumento de las comunidades indígenas es que la central no se ha ido y el impacto ambiental ocasionado será permanente, mientras las comunidades continuarán en el territorio sin recibir beneficios.

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Agregan que hay aproximadamente 800 integrantes de la etnia que por diversos motivos no recibieron la indemnización.

No obstante, argumenta que quienes ya recibieron por 20 años la indemnización tendrán derecho a seguir percibiendo el incentivo, pese a que el fallo de la Corte estableció solo ese periodo de tiempo.

Las comunidades indígenas en el marco de su lucha por reivindicar lo que consideran derechos adquiridos, realizan este martes un plantón en las afueras de la sede administrativa de Urrá en Montería en búsqueda de una mesa de diálogo.

Debido a las pretensiones de las comunidades que son equiparables a lo exigiendo desde la creación de la central hidroeléctrica, se trataría de un proceso que podría tardar muchos años y deberá tener mediación de la Corte.

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