Las comunidades de La Mojana tienen respaldo legal para realizar obras de mitigación en Cara de Gato ante la parálisis de las obras contratadas por la UNGRD, según confirmó el abogado especialista en derecho ambiental, Manuel Navarro, citando la Ley 472 de 1998.
“La ley faculta a las comunidades para que realicen las obras de mitigación ante un peligro inminente o para prevenir que se materialice ese desastre”, explicó Navarro, señalando específicamente el artículo 25, parágrafo segundo de la mencionada ley, que permite estas intervenciones dentro del marco de una acción popular.
La disposición legal cobra relevancia ante la suspensión de las obras por parte del consorcio RCG desde septiembre de 2023, y la urgencia de aprovechar la actual temporada seca para cerrar un boquete de 63 metros que continúa amenazando la región.
Los líderes comunitarios, respaldados por esta normativa, han anunciado su disposición para intervenir en el cierre del boquete.
“Tenemos pensado intervenir entre esas bolsas que son 63 metros. Cerrar el boquete es lo que nos evitaría esta tragedia”, afirmó Camilo Daza, líder del Pacto Social por La Mojana.
La legislación contempla que los costos de estas intervenciones comunitarias pueden ser cargados a las entidades territoriales y a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos. Esta disposición se fortalece con el artículo 278 del Plan Nacional de Desarrollo, que permite a las entidades territoriales invertir recursos en otros territorios para proteger los derechos de sus ciudadanos.
La comunidad considera que esta alternativa legal es crucial ante la falta de respuesta del Gobierno Naconal a las medidas cautelares ordenadas hace un año por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que exigían la realización de obras de mitigación en un plazo de 30 días, orden que hasta la fecha no se ha cumplido.
