“Las sanciones penales a funcionarios públicos en Córdoba no han sido suficientes”: Transparencia

El Secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Camilo Enciso fue enfático en afirmar que las sanciones penales a funcionarios públicos en Córdoba, no han sido las necesarias, puesto que de las 1025 infracciones disciplinarias interpuestas, solo se han proferido 15 sanciones penales en los últimos seis años. Añadió que “algo raro debe estar pasando”, puesto que Córdoba está entre los diez departamentos donde menos sanciones penales se han interpuesto en los últimos años,  considerando que el número...


El Secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Camilo Enciso fue enfático en afirmar que las sanciones penales a funcionarios públicos en Córdoba, no han sido las necesarias, puesto que de las 1025 infracciones disciplinarias interpuestas, solo se han proferido 15 sanciones penales en los últimos seis años.

Añadió que “algo raro debe estar pasando”, puesto que Córdoba está entre los diez departamentos donde menos sanciones penales se han interpuesto en los últimos años,  considerando que el número de sanciones disciplinarias es de 1025, y el de sanciones penales sólo llega a 15; “el abismo es demasiado grande”.

“No puedo asegurar que en Córdoba haya impunidad total en cuanto a delitos en la administración pública, sin embargo tampoco puedo decir que todo se haya manejado de manera perfecta, lo que sí puedo afirmar es que a nivel estadístico se revela que es anormal, algo está mal”

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Según los datos entregados, durante el año 2008 y 2009 sólo 1 sentencia en cada año, en el 2010, 2012 y 2013 dos sanciones de esta naturaleza en cada año, y en el año anterior siete, equivalente al 0.48% de las sanciones penales a nivel nacional; lo que según el funcionario puede indicar una leve mejoría en los procesos e investigaciones judiciales, sin embargo dijo “no son suficientes”.

Así mismo, destacó que de las 15 sanciones penales proferidas, sólo 5 fueron por delitos como cohecho, peculado y prevaricato, y el resto fueron interpuestas por amenazas a funcionarios públicos, cuando por ejemplo el funcionario público establece vínculos financieros con miembros de bandas criminales, y otorga contratación pública.

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Además llamó la atención sobre el “represamiento” en las investigaciones por responsabilidad fiscal por parte de la Contraloría en este Departamento, puesto que de los 30 fallos  proferidos por este ente en el año 2011, se disminuyó a 7 en el 2012, 5 en el 2013 y solo 1 en el 2014, lo que denota la necesidad de profundizar en las investigaciones para determinar, posibles malos manejos en la administración de recursos públicos.

Por lo anterior, el titular de  esta dependencia, exigió mayor celeridad en los procesos e instó a la Contraloría a “hacer un esfuerzo adicional para esclarecer y ahondar en los procesos investigativos”.



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