Valencia. La vereda Villanueva, en Valencia es una de las tantas poblaciones rurales de Córdoba, donde por décadas, la ausencia del Estado fue suplida por los grupos armados ilegales, quienes eran los dueños, mandaban en la zona e incluso construían colegios.
Así lo demuestra la placa inaugural del Colegio Liceo Villanueva, cuya construcción física en su totalidad fue financiada hace 26 años, por Fidel Castaño Gil, el segundo del Clan Castaño con quien conformó el grupo de Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) de las cual fue su líder hasta su muerte en 1994.
Este hombre quien también compró en los primeros años de la década de los ochenta, la finca Las Tangas, situada a Orilla del rio Sinú en Valencia, que con los años se volvió la sede de la organización de las autodefensas, construyó la sede educativa en la que hoy estudian cerca de 700 estudiantes.
El colegio tiene 15 aulas, dos laboratorios, y una destartalada biblioteca, no hay secretaria ni celador, y hasta el 2011 su funcionamiento fue costeado por Funpazcor, la empresa fachada de los paras con las cual arrebataron miles de hectáreas a campesinos de Córdoba y Urabá.
“Desde que construyeron el colegio fue sostenido con recursos de Funpazcor hasta el año 2011, la institución educativa jurídicamente ya es oficial desde el 2013 hacia acá y esa placa que está a la entrega, genera cierta polémica”, expresa Fernando Villegas, rector de la Institución.
La polémica placa tiene defensores y detractores, según Aidé Arrieta, la placa deben dejarla allí, porque Fidel Castaño, fue el único que invirtió en Villanueva, “Él fue buena gente con nosotros, nos hizo el colegio y ayudaba, por eso creo que deben dejarla allí”, sostuvo.
La posición de Aidé, es compartida por Dionisio Castro, un veterano poblador que asegura que él no le ve problema a que “siga ahí esa placa ya que fue Fidel Castaño Gil, quien construyó el colegio” donde estudian sus nietos.
Entre tanto, el rector Fernando Villegas, y algunas personas que se consideran víctimas de la violencia paramilitar, son partidarios de retirar la placa, pues argumentan que la comunidad estudiantil quiere quitarse el estigma que pesa sobre el colegio, obra del jefe paramilitar y olvidar de una vez por todas a quienes les hicieron tanto daño y se ufanaban de sus ‘obras de caridad’.
Actualmente cursa en el Consejo Superior de La Judicatura, una acción popular instaurada por Alfonso de La Espriella Burgos y la comunidad está a la espera de la decisión que tomen los jueces.
