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“La minería ilegal está destruyendo nuestro territorio y el Estado no hace nada” Defensoría

Montería | La práctica de la minería ilegal que se ejecuta indiscriminadamente en todo el país, también ha traído sus nefastas consecuencias a Córdoba, según reveló el delegado para asuntos agrarios de la Defensoría del Pueblo, Andrés García, en municipios como Tierralta, Puerto libertador y...


Montería | La práctica de la minería ilegal que se ejecuta indiscriminadamente en todo el país, también ha traído sus nefastas consecuencias a Córdoba, según reveló el delegado para asuntos agrarios de la Defensoría del Pueblo, Andrés García, en municipios como Tierralta, Puerto libertador y Ayapel y casi toda la región del San Jorge los daños ecológicos y la destrucción de la tierra es irreversible y el Estado no hace nada para controlar esta aberrante práctica contra la naturaleza.

Andrés García, Delegado de Asuntos de Tierras - Defensoría del Pueblo.
Andrés García, Delegado de Asuntos de Tierras – Defensoría del Pueblo.
“Las tierras están destruidas, estamos ante una destrucción indiscriminada de nuestro país, estamos en una fiesta donde los bandidos están sacando oro, a costa de destruir nuestro territorio y el Estado no ha actuado ni tomado las medidas urgentes y necesarias para contrarrestar este flagelo de la minería ilegal, cuando se destruye una hectárea de tierra con mercurio, arsénico y demás tóxicos nunca se recupera”.

El delegado llamó la atención a las autoridades gubernamentales y ambientales para que tomen medidas fuertes para controlar la minería ilegal a lo largo y ancho del país, desplegando la fuerza pública necesaria y las autoridades judiciales para capturar y judicializar a los responsables de estas acciones y evitar el daño ecológico que le causan a la flora y fauna de estos ecosistemas.

Afirmó además que tanto en Córdoba como en el resto del país, las consecuencias de la minería ilegal son incluso peores que el narcotráfico; en el ambiente se contamina y destruye el suelo, se desvía el curso de ríos y en la sociedad destruye el tejido social, violando los derechos humanos y vulnerando a la población más desprotegida.