Montería. Hasta la fecha no existe ninguna sentencia condenatoria por este delito, que históricamente se registra en algunas zonas, especialmente del sur del departamento de Córdoba, como Tierralta, Puerto Libertador y Valencia.
En estos territorios confluye la presencia de guerrillas y bandas criminales, hecho que para la Fiscalía General de Nación, representa una amenaza colectiva que merece atención, y prevención.
Además las investigaciones de las autoridades y de organizaciones que trabajan para erradicar este fenómeno, coinciden en que las actividades que desarrollan los menores reclutados por bandas criminales, son distintas a las que realizan en los grupos guerrilleros.
Delito poco denunciado
Este delito ha estado invisible por muchos años, por la falta de denuncias, pero la justicia colombiana, empieza a despertar del letargo y anuncia la puesta en marcha de una estrategia para judicializar a quienes hagan parte de la cadena de reclutamiento de menores para la guerra.
Por primera vez en materia de reclutamiento ilícito la Fiscalía General de la Nación asigna una fiscal de manejo exclusivo para judicializar este crimen de guerra.
En ese sentido, recientemente en Montería se desarrolló la primera mesa de trabajo con las agencias del Ministerio de Defensa, a través del Grupo Asesor del Comandante; Fiscalía, Ejército, Policía, Instituto de Bienestar Familiar – ICBF, Agencia Colombiana para la Reintegración – ACR y el Cuerpo Técnico de Investigación CTI.
Andrea Suarez, asesora jurídica del Mindefensa, sostuvo que “la idea es que cada institución desde su fuerte aporten información que le sirva a la Fiscalía en el proceso de judicialización”.
Estas entidades, serán pieza clave para desarrollar la estrategia y lograr resultados positivos en un proceso histórico, que busca llevar a buen recaudo a quienes hacen parte de la cadena, ya que es culpable no solo quien da la orden de reclutar, sino también quien la ejecuta.
Desde el año 2002 hasta abril del 2015 en el departamento de Córdoba se ha logrado desvincular 26 menores de edad, esta cifra no refleja la realidad de la situación actual de este delito.
Además de implementar la estrategia de judicialización, las mesas desarrolladas en la ciudad de Montería, buscaron fortalecer las rutas de prevención y sumar capacidades a los tres escenarios en los que Estado, comunidad y familia deben actuar para asegurar la protección de los niños, niñas y adolescentes.
