Redacción. En el centro penitenciario para funcionarios públicos de ese municipio atlanticense, fue trasladado Álvaro Casseres Matoza, alcalde de Moñitos, Córdoba, luego que la Juez Segunda Penal Municipal de Cartagena lo cobijó con detención intramuros.
La Fiscalía le imputó al mandatario local cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado, por sus presuntos vínculos con la organización criminal el Clan del Golfo; corrupción al sufragante, fraude en inscripción de cédulas y constreñimiento al sufragante.
Aunque la defensa apeló la medida, la juez mantuvo su decisión de privar de la libertad al alcalde Casseres Matoza en establecimiento carcelario por la gravedad de los hechos que se le endilgan.
Durante la audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía reveló que cuenta con audios de interceptaciones de llamadas en las que el alcalde y los otros cuatro detenidos supuestamente daban órdenes de cómo manejar con la población el proceso electoral a su favor.
En las comunicaciones igualmente se evidencia su posible relación con la banda criminal el Clan del Golfo. Los testimonios de habitantes de la comunidad aseguran que los obligaban y les daban dinero para votar por Casseres Matoza, además eran víctimas de persecuciones y amenazas de muerte si se oponían a lo que ellos les pedían.
La juez aseguró que su decisión de enviar al burgomaestre a un centro carcelario se basó en las pruebas presentadas por el ente acusador, ya que demuestran que hubo derroche de dinero, vínculos con una organización criminal para constreñir a la comunidad.
Domiciliaria y libertad para el resto de indiciados.
Por otra parte, el juzgado cobijó con detención domiciliaria por los mismos delitos a Álvaro Enrique Casseres Brieva, padre del alcalde; a Jorge Antonio Villalba Martínez y a Norys de Jesús Yanco Ruíz, colaboradores del mandatario; bajo la condición de no salir del país, no desplazarse al municipio de Moñitos, ni comunicarse con las personas entrevistadas en la investigación.
Entretanto, a Dionis de la Cruz Portillo, también colaboradora, se le concedió la libertad, pero seguirá vinculada al proceso cumpliendo las mismas condiciones que las otras tres personas antes citadas.
Los cinco procesados fueron detenidos el pasado 30 de abril por funcionarios del Grupo Investigativo de Protección a los mecanismos de Participación Democrática del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, con apoyo de la Armada, en Moñitos.
