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Habrá estricto seguimiento a inversiones de Cerro Matoso en comunidades: Abogado

Javier de La Hoz, de la firma De La Espriella Lawyers, quien lideró dicho proceso, relata sus alcances.

Javier De La Hoz, Abogado de la Familia Valencia Altamiranda

Montería. La multinacional niquelera Cerro Matoso y las comunidades en la zona de influencia de su actividad minera, protocolizaron un acuerdo y pactaron la inversión de 140.000 millones de pesos, destinados a proyectos de inversión.

Este logro histórico se alcanzó tras un proceso de negociación que surgió de las disposiciones que la Corte Constitucional estableció en la sentencia T 733 de 2017, en la cual ordenó a Cerro Matoso el inicio de consultas previas con las comunidades.

“Se realizaron más 120 reuniones y se procedió a tasar las compensaciones aplicando estándares y estudios ambientales, así como identificación socioeconómica”, explico el abogado Javier de La Hoz, de la firma De La Espriella Lawyers, quién lideró dicho proceso.

Según el jurista, se hizo un trabajo importante por parte de la compañía minera, la firma de abogados y las comunidades para elaborar una matriz e identificar proyectos que respondan a las necesidades en agua potable, educación, medio ambiente, restauración de cuencas hídricas, entre otros.

“Cada impacto ambiental está asociado a una medida de compensación que tendrá recursos asignados para ejecutarse en un cronograma en tiempo, establecido junto con las comunidades, estas deberán priorizar las inversiones”, agregó De La Hoz.

Habrá acompañamiento de los entes de control y un seguimiento muy estricto a dicha inversión que deberá realizar la compañía minera en el horizonte de los próximos 25 años.

Explicó el abogado que este proceso es de compensaciones en materia de consulta previa, sin embargo, sigue vivo un segundo proceso que cursa en el Contencioso Administrativo, sobre la reparación integral por los daños ocasionados por la operación de la mina a las comunidades cuya última palabra la tendrá el Consejo de Estado.



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