Bogotá. Una comisión de la Defensoría del Pueblo desplazada hacia el corregimiento La Chirca, del municipio de Ocaña, en Norte de Santander, donde una patrulla de la Policía Nacional fue emboscada, causándole la muerte a dos uniformados y heridas a tres más, evidenció graves infracciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario durante el ataque.
Informaciones recopiladas en el terreno dan cuenta del asesinato previo de un hombre sin identificar, quien fue degollado y arrojado a un costado de la vía que comunica a Ocaña y San Calixto, situación que alertó a la comunidad y produjo el consecuente llamado a las autoridades, quienes acudieron para atender el caso.
Sin embargo, el homicidio habría sido cometido por los protagonistas del cruento ataque a la Policía Nacional, ya que aprovecharon esa circunstancia para arremeter con explosivos y ráfagas de fusil en contra del vehículo oficial, el cual recibió múltiples impactos con municiones prohibidas según los protocolos internacionales.
La intensidad y crueldad de la emboscada hizo que uno de los policías muriera calcinado en la patrulla, mientras uno de sus compañeros era rematado y la víctima usada como señuelo recibía también disparos pese a encontrarse sin vida.
La Defensoría del Pueblo expresó su solidaridad con las autoridades, a quienes exhortó a establecer lo más pronto posible la autoría del ataque, pues además de tratarse de hechos que violan gravemente los derechos humanos, se trata de acciones que contradicen abiertamente la voluntad de paz expresada por grupos ilegales con presencia en esa región, como la guerrilla del ELN.
La comisión institucional enviada al epicentro de la emboscada, a 15 kilómetros de Ocaña sobre la vía al aeropuerto, se mantendrá en el área ante el temor que generó en los pobladores la arremetida de los violentos y debido a que todavía se llevan a cabo las labores para la desactivación de los explosivos sembrados en el área.
