La Gobernación de Córdoba frenó el pago de una cuenta correspondiente a la Ley 550 hasta verificar su autenticidad y monto exacto, lo que desencadenó una serie de acciones legales contra el gobernador Erasmo Zuleta Bechara, según reveló el mandatario durante el lanzamiento del plan navideño de seguridad.
Un juzgado de Montería respaldó la decisión de la administración departamental de suspender temporalmente el desembolso hasta confirmar la legitimidad de la deuda. Esta determinación judicial se produce después de que se presentaran tres demandas y una tutela que buscaban remover al gobernador de su cargo.
“Cuando uno comienza a defender los intereses colectivos y a cuidar la plata de los impuestos de los cordobeses, empieza a tocar cayos”, manifestó Zuleta Bechara, quien confirmó que las tres demandas fueron resueltas a favor de la administración departamental.
La controversia se originó cuando la actual administración inició una revisión de los pagos pendientes bajo la Ley 550, normativa que establece un régimen especial para entidades territoriales en dificultades financieras. La gobernación exige verificar tanto la existencia como el monto de las deudas antes de proceder con los pagos.
El gobernador advirtió sobre presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos durante administraciones anteriores. “No voy a permitir que mientras sea gobernador, los hechos del pasado vuelvan al departamento de Córdoba, porque eso afecta la honra de los cordobeses y la confianza en las instituciones”, señaló.
La última acción legal contra el mandatario, una tutela, también fue resuelta a favor de la administración actual, según confirmó el gobernador. La Gobernación mantiene su posición de revisar minuciosamente las cuentas por pagar heredadas de administraciones previas.
