El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, solicitó el cese de las extorsiones como condición previa para iniciar diálogos de paz con el Clan del Golfo. Durante una entrevista con LARAZÓN.CO, Zuleta enfatizó la necesidad de que las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) demuestren su voluntad de paz deteniendo las actividades extorsivas que afectan a la población civil.
“Desde el día que me posesioné dije que estaba dispuesto a hablar de paz en el departamento, pero pedíamos al grupo al margen de la ley que dieran una demostración de paz y que cesaran las extorsiones”, afirmó Zuleta. El gobernador explicó que las extorsiones impactan negativamente a diversos sectores de la sociedad, desde mototaxistas hasta empresarios y agricultores.
Zuleta insistió en que cualquier proceso de paz debe ir más allá de las negociaciones con los líderes de los grupos armados. Propuso un enfoque integral que incluya a las comunidades afectadas por la violencia y garantice inversión social en las zonas más golpeadas por el conflicto.
“No queremos una paz como la del pasado, que simplemente se sientan a dialogar con las cabecillas”, declaró el gobernador. Zuleta criticó procesos de paz anteriores que, según él, no lograron proporcionar oportunidades reales a los miembros rasos de los grupos armados ni beneficiar a las víctimas del conflicto.
El mandatario departamental pidió compromisos claros de inversión que transformen el territorio. Sugirió que en futuros diálogos se establezca con precisión qué aportan los grupos armados, qué ofrece el gobierno nacional, qué papel juega la cooperación internacional y cuáles son las responsabilidades de los gobiernos locales.
Zuleta se mostró dispuesto a participar en un eventual proceso de paz, siempre y cuando se cumplan estas condiciones. “Estoy dispuesto a asumir ese compromiso para que realmente tengamos un proceso de paz distinto a lo que hemos tenido en el pasado”, aseguró.
El gobernador recordó que Córdoba ha sido duramente golpeado por la violencia, con aproximadamente 400,000 víctimas registradas en el departamento. Mencionó el caso de Tierralta, municipio que cuenta con 50,000 víctimas y donde el número sigue aumentando.
El gobernador espera que estas negociaciones, si se concretan, tomen en cuenta las necesidades específicas de Córdoba y se traduzcan en beneficios tangibles para la población afectada por décadas de conflicto.