La Gobernación de Córdoba solicitó y obtuvo una medida cautelar ante un juzgado de Montería para revisar las deudas reconocidas dentro del acuerdo de reestructuración de pasivos bajo la Ley 550, con el fin de verificar la legitimidad de los montos incluidos y proteger los recursos públicos del departamento.
La decisión judicial otorga un plazo para examinar detalladamente la veracidad de las acreencias incorporadas en el acuerdo de reestructuración, particularmente aquellas relacionadas con pagos pendientes al sector educativo.
El objetivo es garantizar que los recursos lleguen efectivamente a los docentes que prestaron servicios y no a intermediarios.
“No permitiremos pagar cosas que no se deben. Cuando los docentes prestan un servicio hay que pagarles, pero existen abogados que han utilizado todo un negocio con la anuencia de las Administraciones Públicas para demandar al Estado y luego cobrar por cosas que no han pasado”, explicó el gobernador Erasmo Zuleta Bechara durante una entrevista radial.
La administración departamental busca determinar tres aspectos fundamentales: que no existan pagos duplicados de vigencias anteriores, que los valores liquidados correspondan a las deudas reales, y que los recursos sean entregados directamente a los profesores beneficiarios.
El proceso de revisión se dará en medio de una serie de acciones emprendidas por la actual gobernación para sanear las finanzas departamentales, incluyendo denuncias ante la Fiscalía General de la Nación por presuntas irregularidades en la contratación docente.
La Ley 550, conocida como Ley de Insolvencia Económica, permite a las entidades territoriales reestructurar sus pasivos cuando enfrentan dificultades financieras. Sin embargo, la inclusión de deudas en estos acuerdos debe estar respaldada por documentación que acredite su legitimidad.
