Gobernación de Córdoba entrega 214 títulos de propiedad a familias vulnerables en 2024

Más de 200 hogares en Chinú y Tierralta acceden a legalización de predios tras décadas de espera.
7 horas atrás

La Gobernación de Córdoba formalizó la entrega de 214 títulos de propiedad a familias de los municipios de Chinú y Tierralta durante 2024, beneficiando a residentes que habitaban estos predios desde hace más de 30 años sin documentación legal.

Del total de títulos entregados, 164 corresponden a la urbanización Pénjamo en Tierralta y 40 al barrio 31 de Octubre en Chinú, según informó la Dirección de Vivienda departamental. La legalización permite a los beneficiarios acceder a créditos bancarios y subsidios para mejoramiento de vivienda.

El programa “Córdoba tierra de propietarios” continuará su expansión en el barrio 31 de Octubre de Chinú, donde 160 familias adicionales están en proceso de obtener sus títulos de propiedad. La documentación incluye el respaldo jurídico necesario para que los habitantes puedan ejercer plenos derechos sobre sus inmuebles.

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La entrega de los títulos se realizó en el Centro de Integración Ciudadana del barrio 31 de Octubre, con presencia del gobernador Erasmo Zuleta Bechara y el alcalde de Chinú, Rafael Martínez. El acto coincidió con actividades navideñas organizadas por la Gobernación y la oficina de Gestión Social en varios municipios del departamento.

“La propiedad trae mucho beneficio”, expresó Nelly Peña, una de las beneficiarias en Chinú, quien destacó la importancia de contar con documentación legal después de tres décadas. Los nuevos propietarios recibieron los títulos que los acreditan como dueños legítimos de las viviendas que han ocupado durante años.

La formalización de estas propiedades busca reducir la inseguridad jurídica que limitaba a las familias para acceder a programas de mejoramiento y créditos bancarios. El proceso de legalización continúa en desarrollo para completar la documentación de predios adicionales en la región.

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Los títulos entregados cumplen con todos los requisitos legales establecidos por las autoridades competentes, garantizando la validez jurídica de las propiedades y permitiendo a las familias ejercer sus derechos como propietarios formales de sus viviendas.