Directivos de Funtierra IPS, anunciaron que en las próximas horas radicarán en la Corte Suprema de Justicia, una denuncia contra el Gobernador de Córdoba, por injuria y calumnia.
Montería. Sigue el tira y jala entre la Gobernación de Córdoba y la IPS Funtierra Rehabilitación, por la negativa del ente territorial en cancelar los tratamientos y terapias prestados por dicha IPS a cientos de pacientes durante las vigencias 2014, 2015 y 2016.
En Contexto: “IPS Funtierra, se ha ensañado contra la administración departamental”: Gobernador
Tania Otero Arroyo, Representante Legal de Funtierra IPS, hizo serios cuestionamientos contra el Gobernador de Córdoba, Edwin Besaile, por unas declaraciones entregadas a los medios de comunicación donde asegura que no se pagará las cuentas que se le adeudan dicha institución prestadora de salud, por carecer de fundamentos.
Otero, objeta que la Gobernación de Córdoba no tiene ningún tipo de argumento jurídico para negarse al pago de los servicios, pues las terapias y tratamientos fueron autorizados por el comité técnico científico de la Secretaría de Salud Departamental y en algunos casos amparadas en fallos y resoluciones judiciales.
Al ser interrogada sobre a cuánto asciende el monto adeudado por la Gobernación, Tania Otero prefirió por seguridad no revelar la cifra exacta, pero indicó que la deuda supera los 3.000 millones de pesos.
“Funtierra no está siendo investigada”
Tania Otero, representante legal de la Institución Prestadora de Salud, que según la Contraloría General, recibió más de $7.000 millones por tratamientos de neurodesarrollo para niños especiales, que al parecer no se prestaron, reiteró que todos los servicios se suministraron y el pago de los mismos se hizo en común acuerdo con la Gobernación de Córdoba.
Artículo relacionado: Contraloría advierte nuevo posible detrimento por $10.000 millones en el sector salud
Adicionalmente, dijo que el informe de la Contraloría está siendo utilizado como una cortina de humo para dañar el prestigio de su empresa. Dice tener en su poder una certificación de la Contraloría General donde les hacen constar que contra su empresa no existe ningún tipo de investigación en curso o solicitud.
Les estarían exigiendo el pago de dádivas
De acuerdo con la representante legal de la IPS Funtierra, varias personas se han acercado a su despacho para ayudarles a destrabar los pagos, a cambio del 20% del total de la deuda que la Gobernación tiene con ellos.
Aseguran tener las pruebas de dichas exigencias y en los próximos días estarán instaurando una denuncia penal, por lo que consideran un acto de corrupción y extorsión.
Finalmente Otero señaló la existencia de un plan fraguado, para dejar sin pacientes a Funtierra y pasarlos a otras IPS, donde terceros tendrían intereses.
En contexto: “Mi empresa y yo somos víctimas de una retaliación”: Eduardo Padilla
“Nos dejan de dar las autorizaciones, y nos dejan de pagar para ahogarnos económicamente y trasladar a los usuarios a otra IPS, pero en Córdoba no hay una entidad con la capacidad instalada que tiene Funtierra”.
Escucha”Tania Otero, representante legal de Funtierra IPS” en Spreaker.
