Fiscalía puso al descubierto estrategia para bloquear operaciones mineras en Córdoba y Sucre

Se investiga la posible participación de funcionarios públicos y privados este hecho de corrupción.


Redacción. La Fiscalía General puso al descubierto una serie de actividades ilícitas cometidas por terceros particulares que, valiéndose de sus cargos en compañías del sector minero energético, crearon una especie de alianza para poner talanqueras a los procesos de consultas previas a cambio de dinero.

Por este hecho un juez de San Marcos, Sucre ordenó la captura de Sandra Parra Rojas, exgerente de relacionamiento de la empresa Canacol Energy, una de las compañías gasíferas más importantes que operan en el país.

Según la Fiscalía, Parra Rojas, actuando a espaldas de la compañía para la cual laboraba, habría usado su cargo e información privilegiada para influir en las comunidades a través de un tercero y obtener beneficios económicos.

El ente investigador recolectó elementos materiales probatorios del posible nexo de Parra Rojas con una supuesta ONG encargada de asesorías y desarrollo de procesos de consultas previas en las comunidades, paso clave para iniciar la explotación minera en cualquier zona del país.

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Esta ONG, según la Fiscalía, llegaba a los territorios donde la compañía tenía licencias ambientales para exploración o explotación y abordaban a las comunidades objeto de la consulta previa y los conminaban a que contrataran con ellos dicho proceso.

Si la comunidad se negaba a contratar con la ONG la consulta previa, se empezaban a presentar demoras, retrasos y trabas injustificadas en los procesos a cargo de Sandra Parra, por lo que se presume un nexo de beneficio entre dicha organización y la hoy capturada.

Para los investigadores del caso, la situación adquiere relevancia porque los recursos desembolsados por la empresa minera no estarían llegando a las comunidades.

Sobre esta situación la Fiscalía General de la Nación está indagando a fondo para conocer detalles del entramado irregular y hacia dónde se desviaban las gruesas sumas de dinero o si hay funcionarios públicos involucrados.

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Amenazas y más irregularidades

Luego de una labor investigativa de la Fiscalía, se logró establecer a través del elementos materiales probatorios y evidencia física, que un grupo de personas intimidaron con amenazas de muerte al capitán del cabildo indígena Cayo de la Cruz, en Sucre, para que cediera su cargo a un tercero que estaría vinculado con estas maniobras irregulares.

El cargo era apetecido porque quien estuviera al frente del cabildo manejaría los recursos que la empresa minera dirigía a las comunidades, sumas que podrían estar por el orden de los 10.000 millones de pesos.

La compañía Canacol Energy al darse cuenta estas irregularidades empezó un proceso de investigación interna, porque los alcances de la actuación fueron tan graves que se llegó al punto de bloquear una licencia ambiental que había obtenido la multinacional gasífera.

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Se investiga también la posible creación de comunidades indígenas ficticias para aprovecharse de la coyuntura de las consultas previas y sacarle dinero a la compañía minera, recursos que iban a parar al bolsillo de particulares y no a las comunidades.

Las protestas instigadas al parecer como proceso de constreñimiento para que la compañía minera cediera a las pretensiones económicas, pusieron en riesgo el suministro de gas natural en el Caribe hace algunas semanas.

Por este caso se expidieron tres órdenes de captura y la investigación continúa para identificar a terceros involucrados en la estratagema.



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