Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Fiscalía apeló detención domiciliaria concedida a Guillermo Pérez, pieza clave del Cartel de la Hemofilia

Montería. A pesar que la Fiscalía solicitó detención intramuros, para Guillermo Pérez Ardila, eslabón clave en el desfalco a la salud en Córdoba, tanto el Ministerio Público como la defensa del imputado, consideraron que su comparecencia ante las autoridades y su disposición de colaborar con...


Montería. A pesar que la Fiscalía solicitó detención intramuros, para Guillermo Pérez Ardila, eslabón clave en el desfalco a la salud en Córdoba, tanto el Ministerio Público como la defensa del imputado, consideraron que su comparecencia ante las autoridades y su disposición de colaborar con la justicia, era garantía suficiente para cumplir esta medida preventiva en su lugar de residencia.

La Fiscalía estima que en aproximadamente un mes y medio el juez de conocimiento determine la pena y la medida de aseguramiento, debido a que Pérez Ardila, aceptó los cargos de concierto para delinquir y peculado por apropiación, imputados en audiencia realizada en la tarde de este sábado en Montería.

El reconocimiento de los delitos por parte de quien fuera representante legal de la IPS Unidos por su Bienestar, reseñada por la Contraloría General de haber recibido al menos 39 mil millones de pesos por tratamientos y medicamentos para pacientes hemofílicos, a través de falsas autorizaciones, tiene implicaciones importantes en este sonado proceso, donde hay tres exsecretarios de salud involucrados, los cuales no han aceptado cargos.

Una fuente consultada por este medio indicó que si Pérez Ardila reconoció el delito de concierto para delinquir, por ende hay terceros involucrados, con quienes se concertó el ilícito.

Tácitamente eso favorece el trabajo de la Fiscalía y podría empezar a definir la suerte jurídica de los particulares y exfuncionarios detenidos e investigados por el millonario desfalco.

La Contraloría y la misma Fiscalía han conceptuado que para cobrar los dineros se necesitaban entre otros trámites la firma de resoluciones expedidas por funcionaros de la Secretaría de Salud, lo que demostraría su participación en el ilícito o conocimiento del mismo.

Para este tipo de delitos la pena oscila en aproximadamente 12 años de prisión, pero sumando la aceptación de cargos y el posible preacuerdo podría estar configurando ocho años de cárcel.

Caso contrario ocurría con el resto de detenidos quienes no se allanaron a cargos y de hallarlos culpables se enfrentarían al doble de la pena.



¿Qué opinas de esto?