Gobierno Nacional plantea una consulta previa “posterior” con comunidades afectadas por Urrá

La ministra anunció que el Gobierno nacional está comprometido con exigir que se realice la consulta previa a estas comunidades y que sean reparadas por los daños ocasionados.
4 meses atrás

Durante su  reciente visita a Córdoba, la ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, anunció que exigirá a la empresa Urrá la realización de una consulta previa con las comunidades indígenas afectadas por la construcción de la represa en el departamento de Córdoba. Esta decisión busca resarcir los daños ocasionados a los territorios y a la población indígena, que ha luchado por defender sus derechos desde hace décadas.

Durante su reciente visita a Córdoba, la ministra Mojica destacó los avances en la restitución de tierras a las comunidades indígenas en el departamento, un proceso que había estado estancado desde 2011 debido a temas ambientales. Actualmente, se llevan procesos por más de 130.000 hectáreas de tierra en zonas de resguardos indígenas, especialmente en Emberá Katíos.

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La ministra hizo hincapié en casos emblemáticos como el de las comunidades Emberá en Tierralta, que han sido víctimas de masacres por defender su territorio. Recordó a líderes como Kimy Pernía Domicó, quien fue asesinado por su oposición a proyectos como la represa de Urrá, que generó inundaciones y afectó gravemente los territorios indígenas.

El compromiso del Gobierno nacional de exigir la consulta previa a estas comunidades busca garantizar que sean escuchadas y compensadas por los daños ocasionados por la represa de Urrá. La ministra Mojica afirmó: “Ya estuvimos hablando con el ministro Andrés Camacho, nosotros vamos a exigir que se haga la consulta previa de Urrá y sea posterior, porque estas comunidades hay que escucharlas y tendrán que ser compensadas por los daños que esa represa hizo en su momento y sigue haciendo”.

La realización de la consulta previa es un derecho fundamental de las comunidades indígenas, reconocido por la legislación colombiana y los tratados internacionales. Este mecanismo busca garantizar la participación efectiva de las comunidades en las decisiones que afectan su territorio, su cultura y su forma de vida.

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