Cientos de indígenas Emberá Katío y campesinos del Alto Sinú permanecen apostados a las afueras de las instalaciones de la empresa Urrá en Montería, Córdoba, exigiendo el cumplimiento de acuerdos pactados y la reparación de los daños causados por el proyecto hidroeléctrico en sus territorios.
Los manifestantes reclaman principalmente la indemnización económica para 900 familias indígenas afectadas por la inundación de sus tierras y el incumplimiento de diversos compromisos por parte del gobierno y la empresa.
Según Claudia Restrepo, líder indígena, la protesta busca presionar el cumplimiento de sentencias judiciales como la T-652 de 1998 y la 405 de 2019 de la Corte Constitucional, que ordenan indemnizar a los indígenas por los impactos de la hidroeléctrica. “La Corte autoriza indemnizar a los 900 indígenas faltantes por pagar, entonces por esos incumplimientos nosotros estamos acá”, afirmó Restrepo.
Además de la indemnización, los Emberá Katío exigen la entrega efectiva de predios a campesinos que fueron desalojados para reubicar a comunidades indígenas, el esclarecimiento de asesinatos de líderes indígenas y campesinos ocurridos en medio del conflicto por las tierras, inversiones en proyectos productivos, salud, educación y construcción de vías, entre otros acuerdos incumplidos que datan de hace más de 20 años.
Los manifestantes denuncian que el gobierno y Urrá no han cumplido ni siquiera el 5% de los compromisos pactados en mesas de negociación anteriores. Esta vez, advierten, no aceptarán más promesas vacías y mantendrán la protesta de forma indefinida hasta obtener soluciones concretas. En las próximas horas se espera la llegada de unas 400 familias más para reforzar la movilización.
La protesta ha puesto de relieve las difíciles condiciones que enfrentan los manifestantes, quienes han denunciado la falta de alimentos, agua potable y servicios sanitarios en el campamento improvisado a las afueras de Urrá, especialmente para los niños que los acompañan.
Los líderes indígenas han solicitado el apoyo de entidades como la Gobernación de Córdoba, la Alcaldía de Montería, el ICBF y la Defensoría del Pueblo para atender estas necesidades básicas mientras mantienen su lucha por los derechos de las comunidades afectadas por la hidroeléctrica.
