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Este martes se define situación judicial de alcalde y ex alcalde de Montelíbano

Fiscalía pide cárcel, defensa argumenta que es un ataque de tipo político.


Montería. Este martes desde las 3:00 de la tarde se retomará la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra el alcalde de Montelíbano, Francisco Alean Martínez y el ex alcalde de este mismo municipio, Gabriel Calle Demoya.

Ambos funcionarios se entregaron a las autoridades el pasado 7 de junio, tras ser requeridos por la justicia, por un presunto caso de corrupción relacionado la firma de 51 convenios interadministrativos por más de $58 mil millones, entregados a dedo, obviando la licitación pública.

Por este caso también están siendo procesados el actual secretario infraestructura municipal Esteban Sosa y el gerente de la empresa Jaguazul S.A, Jaime Ruiz Calle, familiar del ex mandatario detenido.

La Fiscalía insiste en pedir cárcel para los detenidos, argumentando que en libertad podrían entorpecer el proceso judicial, no obstante, la defensa de los capturados sostiene que todo se trata de un complot de tipo político para truncar la posible aspiración de Gabriel Calle a la Alcaldía de Montelíbano.

Cuestiona la defensa de los procesados que en redes sociales desde febrero de 2019 varias personas están anunciando la captura de Alean y Calle, sin que hubiese en Fiscalía ningún tipo de requerimiento.

Adicionalmente pide no enviarlos a prisión al no existir riesgo de incomparecencia, pues sus defendidos han dado la cara a la justicia, poniéndose a disposición de las autoridades en más de una ocasión y deforma voluntaria.

Los delitos imputados

Al gerente de la empresa de servicios públicos Jaguazul S.A, la Fiscalía le imputó el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, mientras que al Secretario de Obras le enrostraron los presuntos delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.

Al alcalde y ex alcalde le imputaron la presunta comisión de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público y prevaricato por acción. Ninguno de los cuatro aceptó cargos.



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