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Estado colombiano estaría expuesto al pago de $2.5 billones, por demandas

Montería. Por malos procedimientos administrativos, el Estado colombiano tiene cerca de 2.5 billones de pesos en demandas, donde las causas habituales de estas pretensiones económicas,  son temas laborales, explicó el magistrado Danilo Rojas Betancourt, Presidente del Consejo de Estado. “Uno de los temas en los...


Montería. Por malos procedimientos administrativos, el Estado colombiano tiene cerca de 2.5 billones de pesos en demandas, donde las causas habituales de estas pretensiones económicas,  son temas laborales, explicó el magistrado Danilo Rojas Betancourt, Presidente del Consejo de Estado.

“Uno de los temas en los que más se puede estar incurriendo en faltas, es el no pago de cesantías oportunas, por ejemplo: por un pago de cesantías de tres millones de pesos, que debe hacerse los 15 de febrero de cada y no se hace, el Estado debe pagar un salario mínimo de retardo por cada día de mora, entonces cuando se reclama eso a cinco años, los tres millones se convierten en 300 millones, es un desangre importante de recursos”, señaló el magistrado.

Agregó que aparte de la mora en el pago de cesantía, otras causales de condena, son los contratos mal elaborados que terminan en declaratorias de nulidad y posteriores reclamaciones.

El otro caso, según el magistrado Rojas, son las demandas por violación de los derechos humanos por parte de la Fuerza Pública, cuando estas no realizan las prevenciones del caso, se extralimita y causa lesiones o daños morales a ciudadanos.

El Estado colombiano pagó el año pasado en demandas, aproximadamente  $450 mil millones, y hay pretensiones por fallarse que oscilan entre los 2 y 4,5 billones de pesos, precisó el magistrado.

Frente a este posible desangre presupuestal, el Presidente del Consejo de Estado, propone hacer una campaña de alcance nacional, para asignar rubros específicos, capacitar y fortalecer las oficinas jurídicas de los entes territoriales.

Las declaraciones del magistrado, se conocieron durante el seminario de cultura de la legalidad que se desarrolla en Montería.



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