Estudiantes de la zona rural de Puerto Libertador, sur de Córdoba, están enfrentando una grave situación de vulnerabilidad al verse obligados a caminar largas distancias en la madrugada para llegar a sus instituciones educativas, debido a la falta de servicio de transporte escolar.
La problemática se agudizó desde finales de 2024, cuando el servicio fue suspendido entre octubre y noviembre por un presunto desvío de recursos. Según denuncias comunitarias, aunque el contrato por 325 millones de pesos fue cobrado y liquidado completamente por la administración municipal, los transportadores -supuestamente- nunca recibieron los pagos correspondientes.
Lo más alarmante es que, transcurrido ya gran parte de febrero de 2025, la alcaldía no ha implementado el servicio para el nuevo año escolar.
Padres de familia de las veredas afectadas han alzado su voz exigiendo soluciones inmediatas y transparencia en el manejo de los recursos destinados al transporte escolar.
La comunidad ha hecho un llamado formal a entidades de control como la Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Contraloría y Fiscalía para que investiguen las presuntas irregularidades en la contratación y ejecución de estos recursos, buscando garantizar el derecho a la educación de los menores en condiciones dignas y seguras.
