El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Montería, Álvaro Sepúlveda, expresó su preocupación por el traslado del domicilio principal de la empresa Minerva Foods, una multinacional del sector cárnico, desde Ciénaga de Oro, Córdoba, hacia Bucaramanga, a pesar de que la compañía mantiene sus operaciones productivas en territorio cordobés.
“Para mí es lesivo que una empresa prefiera tener su domicilio principal en otra Cámara de Comercio y no donde está produciendo riqueza”, afirmó Sepúlveda durante una rueda de prensa donde presentó el panorama empresarial del departamento.
El directivo aclaró que Minerva Foods no cerró sus instalaciones en Córdoba, sino que cambió su registro mercantil a otra jurisdicción. “Eso fue lo que pasó con Minerva, que se mudó de Cámara de Comercio de departamento, su domicilio principal, pero su operatividad está aquí”, explicó.
El cambio de domicilio mercantil de Minerva Foods de Montería a Bucaramanga, aunque mantiene sus operaciones productivas en Ciénaga de Oro (Córdoba), representa una significativa pérdida económica para las instituciones locales.
Esta decisión implica que la empresa dejará de aportar a la Cámara de Comercio de Montería por concepto de renovaciones anuales de matrícula y servicios empresariales, mientras que la Gobernación de Córdoba perderá los ingresos por impuesto de registro sobre futuros actos societarios como aumentos de capital o reformas estatutarias.
Adicionalmente, contribuciones como estampillas departamentales y otros tributos territoriales ahora beneficiarán a Santander, no a Córdoba.
El caso de Minerva Foods resulta particular porque, a diferencia de otros cierres, la empresa multinacional sigue funcionando en Ciénaga de Oro, municipio cordobés, generando empleo y aportando a la economía local, pero sin contribuir con sus impuestos de registro a la Cámara de Comercio de Montería.
El presidente de la Cámara de Comercio aprovechó la ocasión para impulsar iniciativas que mejoren el entorno empresarial en Córdoba, como la eliminación del impuesto de registro para pequeñas empresas conformadas por jóvenes entre 18 y 35 años, medida que busca reducir la tasa de informalidad empresarial que actualmente ronda el 62% en el departamento.
